Las grúas de las obras del Puente de Hierro, en San Sebastián, tocaron el pasado lunes tierra que ya había sido removida en 1936. Las palas destaparon tres cuerpos con signos de violencia.

La investigación, aún en marcha, ha revelado que se trata de tres fusilados al comienzo de la Guerra Civil. Con toda probabilidad, según los objetos que se han encontrado junto a los esqueletos, son empleados municipales fusilados por las tropas franquistas. Un juez se ha encargado de la investigación.

El hallazgo ha sido supervisado por el médico forense de la Universidad del País Vasco Francisco Etxeberría. "En un principio pensamos que eran restos más antiguos, de la guerra de la Independencia, pero la ropa que llevaban no era del siglo XIX", explica este especialista en exhumaciones de restos humanos. Junto a los tres esqueletos han sido encontrados botones, hebillas, chapas y ropa que parece ser de un uniforme municipal.

La ropa ha dado una pista al historiador de la sociedad científica Aranzadi Iñaki Egaña para elaborar una hipótesis que puede llegar a identificar los restos con nombres y apellidos. El médico donostiarra Manuel Gabarain consiguió exiliarse a México tras pasar por una cárcel de Falange en San Sebastián en 1936. En sus memorias, escribió que compartió celda con empleados municipales entre los que había policías municipales, bomberos y barrenderos.

Los juzgados territoriales no quieren saber nada de las víctimas de la represión franquista. Más de ocho meses después de que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se inhibiese en favor de 43 tribunales según el recuento de los denunciantes para investigar esos delitos, tan sólo tres magistrados han aceptado la investigación. La gran mayoría ha optado por archivar la causa y sólo cuatro están pendientes de decidir qué hacer.

Los denunciantes que acudieron a la Audiencia Nacional están recibiendo un portazo similar por parte de jueces y fiscales. Según la información que han podido recopilar de las inhibiciones, el proceder usual de los jueces está siendo el siguiente. En primer término, se acepta la inhibición de Garzón. Analizado el caso, es considerado un delito común que ha prescrito puesto que fue cometido hace más de siete décadas y, por último, se archiva. La fiscalía está apoyando estas decisiones, por lo que los casos están cayendo en saco roto.

Tan sólo los juzgados de Benavente (Zamora), Palencia y Villacarrillo (Jaen) han optado por otra vía y están investigando el asesinato. En su opinión, no es un delito común, sino de desaparición forzosa, lo que obliga a esclarecer el casos hasta que se conozca todo sobre la víctima. Otros juzgados, como los leoneses de Villablino y Astorga, Ejea de los Caballeros (Aragón) o el de Bilbao están estudiando su decisión. Los juzgados de instrucción de Madrid y Zaragoza han desestimado la denuncia sin más.

Cuando los arqueólogos exhumaron la fosa 4 del cementerio malagueño de San Rafael en la que fueron enterrados en 1937 los restos de Vicente Córdoba, ayudante de zapatero, su hija Francisca, estaba allí, a pie de zanja. "Estaba puesto de laíto. Me cogí un huesecito y casi me caigo", recuerda con emoción, sentada a resguardo de mareos en el sillón de su casa, en la que desde hace poco vive de alquiler, porque la que tiene en propiedad, en un cuarto piso, no tiene ascensor y Paca, como la conoce todo el mundo, ya necesita usar bastón. Tiene ahora 77 años y una memoria de elefante, según Miguel, su marido.

Hasta ahora, el cuerpo de su padre, Vicente, es el único identificado de los 2.700 que han exhumado, según el equipo de arqueólogos, dirigido por Sebastián Fernández, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. La fosa malagueña es la mayor en la que se trabaja desde la II Guerra Mundial. Ahora tratarán de ponerle nombres y apellidos con pruebas de ADN a los cuerpos encontrados tras tres años de excavación.

ARMH-Presenta denuncia del hallazgo de los restos humanos.
Según Santiago Macías, los jueces de Ponferrada incumplen la legislación.

La Crónica/F. Labarga/29-06-2009

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ARMH, ha concluido las labores de exhumación de una fosa común donde estaban enterrados los cuerpos de cinco personas asesinadas durante la Guerra Civil en el término de Santalla, del municipio de Priaranza, denunciando una vez más la total pasividad de los órganos judiciales de Ponferrada en un procedimiento en el que consta una denuncia ante la Guardia Civil en la que consta que se han hallado restos humanos.

Cuando aparecieron los primeros restos en la fosa común de Santalla, el vicepresidente de la Asociación para la ARMH, Santiago Macías, notificó el hallazgo a la guardia civil, “para que se produjera la pertinente intervención judicial, como especifica el artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dicta que: ‘La instrucción tuviere lugar por causas de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, antes de proceder al enterramiento del cadáver o inmediatamente después de su exhumación, hecha la descripción ordenada en el artículo 335, se identificará por medio de testigos que, a la vista del mismo, den razón satisfactoria de su conocimiento”.Según Macías: “Durante los tres días en los que se ha llevado a cabo la exhumación ninguna persona relacionada con los juzgados de Ponferrada se ha personado en el lugar en el que ha sido hallada la fosa, a pesar de las evidencias halladas en los restos de que se trataba de seres humanos que habían sido asesinados de forma violenta”.En la fosa han sido encontrados algunos objetos personales de los asesinados. Además, uno de ellos tenía piezas dentales de oro.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) inicia este viernes, a partir de las 11:00 horas, los trabajos de búsqueda y posterior exhumación de una fosa común situada a las afueras de la localidad de Santalla, en el municipio de Priaranza del Bierzo. "En aquel lugar se encuentran los restos de cinco vecinos de la zona de Villafranca del Bierzo asesinados, con toda probabilidad, el 24 de septiembre de 1936. Todos ellos habían sido detenidos en los días anteriores en su localidad natal para ser trasladados posteriormente hasta la prisión de Ponferrada, edificio en el cual se encuentra actualmente el Museo del Bierzo. Posteriormente, fueron sacados de la cárcel por un grupo de pistoleros de Falange para ser trasladados a las afueras de Santalla y enterrados en una fosa común al borde de la carretera", apunta la Asociación.

La información aportada por los vecinos de la zona ha permitido ubicar el lugar, que posteriormente fue rastreado con un georradar, pudiendo hallar evidencias de la fosa. Los datos de los registros civiles de varias localidades han permitido a la ARMH conocer varias identidades que pudieran corresponder a las víctimas, teniendo en cuenta la fecha en la que se produjo el asesinato.

Un equipo formado por 30 personas, entre arqueólogos, historiadores, médicos y voluntarios de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Granada, ha logrado exhumar e individualizar los restos de 18 soldados republicanos, fusilados entre el 15 y el 25 de febrero de 1937 por las fuerzas nacionales franquistas.

"Venían huyendo de la toma de Málaga por la carretera que va hacia Almería. Fueron apresados y asesinados 24 horas más tarde y lo último que cenaron fueron patatas fritas", detalló a los periodistas el historiador y vicepresidente de la ARMH de Granada, Rafael Gil Bracero.

La fosa, ubicada en una finca particular del núcleo urbano de Melegís, en el municipio granadino de El Valle tiene en su parte más alta una longitud de 10,5 metros, una anchura máxima de 80 centímetros y 1,75 metros de profundidad. Según Francisco Carrión, arqueólogo que ha dirigido las labores de recuperación, "lo que más ha complicado el trabajo ha sido el hecho de que los cuerpos estuvieran unos sobre otros, a modo de sándwich y separados por cal".

Luis Dorado Luque (Antequera, Málaga, 1898; Córdoba, 1936), casado con Josefa Ortiz Lara y padre de tres hijas, ganó un escaño de diputado por Málaga en las elecciones de febrero de 1936 en la lista del PSOE y era suplente de la Comisión de Pensiones del Congreso. Médico, nacido en una familia de tradición progresista, su asesinato en julio de 1936 precipitó a su familia a una historia de derrota, exilio y olvido.

Un escrito dirigido por Antonio Gutiérrez, uno de sus nietos, a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega en 2007 recorre, a partir de fuentes históricas, los últimos acontecimientos de su vida.

La tarde del 17 de julio el Grupo Socialista decidió que Dorado se marchara a Málaga para conocer los movimientos rebeldes, relata en su carta Gutiérrez. En el tren Madrid-Córdoba-Málaga, que tomó en Atocha, viajaban también un militar y varios suboficiales de la Guardia Civil. Dorado fue secuestrado la mañana del 18 por estas fuerzas armadas junto a Antonio Acuña, también diputado, y un extranjero de identidad no aclarada.

La familia de Luis Dorado, diputado del PSOE por Málaga en la II República asesinado en Córdoba por los franquistas en 1936, ha demandado al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Los demandantes, que han agotado sin éxito las vías judiciales en España primera y segunda instancia en Córdoba, Audiencia Nacional y Tribunal Constitucional, alegan que "la pasividad del Estado español al no esclarecer el paradero del desaparecido o las circunstancias de su muerte, la falta de asistencia a la familia y la ausencia de investigación exhaustiva representan violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos", ratificado por España en 1979, según Antonio Gutiérrez, nieto de Dorado y portavoz de la familia.

La familia de Dorado es la primera de descendientes de desaparecidos o ejecutados por los franquistas que toma esta medida, al menos que se conozca. Diversas fuentes judiciales y otras relacionadas con el movimiento memorialista aseguran que no les consta otra denuncia contra España en Estrasburgo por este tema y apuntan a la importancia de la misma por hacer referencia a "crímenes cometidos por fuerzas armadas del régimen anterior ante los que el Estado debe dar una respuesta".