El juez Baltasar Garzón niega la mayor, es decir, niega haber prevaricado por haber abierto la primera causa penal para investigar los crímenes franquistas. Por eso pide al Tribunal Supremo que archive las querellas presentadas por el autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias y otra asociación también de corte ultraderechista.

En uno de los escritos presentados ayer en el Alto Tribunal, la defensa del magistrado, ejercida por Gonzalo Martínez-Fresneda, resume así el proceso abierto: En "el debate social y ciudadano probablemente la pregunta es, sencillamente, si el Poder Judicial amparará a las víctimas, promoverá el esclarecimiento de los delitos y la búsqueda de los desaparecidos, o más bien procesará al juez que se ha limitado a admitir a trámite las denuncias de las víctimas".

Admite que el debate jurídico es mucho más complicado y "genera cotidianamente un inmenso caudal de literatura jurídica". Pero por eso mismo argumenta que "resulta completamente irrazonable pretender que sólo hay una interpretación posible de la Ley, y con tal presupuesto, castigar penalmente a quien no se somete a dicha interpretación".

En este sentido, el escrito sostiene que "sólo con dificultad puede soportar el papel la afirmación de que Baltasar Garzón actuó con la intención de ser injusto. Habría actuado de forma injusta si hubiera desamparado a las víctimas que reclamaban justicia".

Para llegar a esta conclusión, la defensa describe cómo llegaron multitud de denuncias al Juzgado Central de Instrucción número 5 y cómo "ningún órgano público pudo contestar" a sus preguntas sobre "las desapariciones forzadas y demás crímenes cometidos por los alzados en la Guerra Civil". ¿Por qué? Porque "nunca habían sido investigados ni, por lo tanto, sus víctimas habían recibido ningún género de reparación". Se calcula que hubo más de 130.000 víctimas del franquismo.

Garzón admitió a trámite las denuncias porque describían un delito contra las formas de Gobierno, que entendió que era competencia de la Audiencia Nacional, aunque luego la Sala de lo Penal revocó esta conclusión. Para entonces, una vez que comprobó que Franco y todos los generales que dieron el golpe de Estado habían fallecido, el juez ya se había inhibido a favor de los juzgados territoriales.

A la petición de los certificados de defunción de los golpistas, el escrito responde: "Quienes se regocijan de ver a mi mandante encausado han sacado mucho juego a esta solicitud de certificado de defunción de Franco. Pero es difícil recurrir a la chanza cuando se habla de la falta de ese mismo certificado de los miles de paseados y desaparecidos. Toda la chispa se convierte en querella por prevaricación".