La muerte de Franco, de la que se cumplen 34 años, dejó muchas heridas abiertas en la sociedad española, a pesar de que el Caudillo afirmara en su testamento político que todo quedaba ''atado y bien atado''. Durante la Transición y las tres décadas de democracia posteriores se pasó de puntillas por la represión de la Dictadura y por la reparación de la memoria de aquellos que la sufrieron, hasta que un Gobierno se decidió a dar un paso en este sentido. En el año 2007 era aprobada en el Congreso la Ley de Memoria Histórica, con la intención de que ''la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos(...) en aquellos dolorosos períodos de nuestra historia''.

Los avances realizados y las intenciones son positivas, pero, dos años después de su entrada en vigor, a la hora de aplicar la ley aparecen numerosas sombras y surgen no pocas críticas. Tal es así, que el vicepresidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Santiago Macías, asegura que ''la ley está hecha de cara a la galería y no está desarrollada. No es que se cumpla, salvo excepciones, sino que, no se cumple, salvo excepciones''.