"Queda por desplegar el contenido de la ley. Tenemos aún que colmar necesidades y llenar deseos". Esta declaración de intenciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, podría haberse producido ayer, pero es de hace justo un año. Hoy se cumplen dos años desde que fue aprobada la primera ley que reconoce el daño hecho por el golpe de Estado de 1936. El desarrollo de los 22 artículos de la Ley 52/2007 sigue sin convencer a sus beneficiarios: las víctimas del franquismo.

El Gobierno presume de los avances conseguidos en 2009: una oficina de atención a las víctimas, 20.000 nietos de exiliados nacionalizados y 333 declaraciones de reparación y reconocimiento personal. La apertura de las cunetas para recuperar a los desaparecidos objetivo prioritario para gran parte de las víctimassigue esperando. El Gobierno tan solo se comprometió en 2009 a cumplir en 2010 con lo que le pedía el Congreso: sacar a los republicanos del Valle de los Caídos. Fuentes de Patrimonio Nacional aseguraron en noviembre que el Gobierno había pedido la digitalización del registro de Cuelgamuros.

Las fosas y los desaparecidos siguen sin estar localizadas. La ley otorga parte del desarrollo de este aspecto a las comunidades autónomas y no todas están por la labor. "Debe de tenerse en cuenta que su aplicación depende mucho de administraciones locales y ahí choca con políticos todavía menos interesados en hacerla cumplir que el Gobierno, cuando no con políticos claramente opuestos", analiza el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova.

La Xunta de Galicia, que ha cambiado de signo político durante el desarrollo de la ley, ha retirado el 90% de los fondos al proyecto As vítimas, os nomes as voces e os lugares que investiga la represión en esa tierra. Sin embargo, la Junta de Andalucía ha aprovechado el impulso de la investigación infructuosa de Federico García Lorca para anunciar futuras aperturas de fosas. Además, cuenta con un mapa de fosas. El Ministerio de Justicia firmará con siete comunidades un convenio para hacer esa descripción cartográfica.

"Lo único que nos ayuda son las subvenciones del Ministerio de Presidencia, y eso lo teníamos antes de la ley", opina el presidente de los Foros por la Memoria, José María Pedreño. Esta asociación lucha por uno de los tres derechos fundamentales que la ONU establece para las víctimas de las desapariciones forzosas: verdad, justicia y reparación.

"Las leyes anteriores permitían juzgar a los culpables, pero con el caso abierto por Garzón hemos comprobado qué clase de justicia dejó la Transición. El franquismo sigue pesando mucho y sólo hace falta un Gobierno que se atreva de verdad", añade Pedreño.

Los grupos del Congreso que negociaron la ley pactaron la declaración de reparación como alternativa a la negación por parte del PSOE a conceder la anulación de los juicios franquistas. El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, lo explicó dos meses antes de ser aprobada la ley en 2007: "La ley será un nuevo instrumento que puede ser utilizado por los tribunales, pero el legislador no le va a decir a los jueces lo que tienen que hacer".

Una de las asociaciones más veteranas en la lucha por la memoria histórica es La Gavilla Verde, especializada en el reconocimiento democrático de la lucha por la libertad del maquis contra el franquismo. Su presidente, Pedro Peinado, coincide con Pedreño en que su actividad sólo se ve impulsada por las subvenciones de Presidencia. "La ley no ha cambiado nada. Pasarán unos años y los juicios se anularán, se buscarán los desaparecidos y se reconocerá a los guerrilleros cuando no quede ninguno vivo", lamenta.

"La ley era necesaria, pese a quienes se oponían, y no estaba mal, tal y como se publicó, pese a quienes consideraban que era blanda, pero otra cosa ha sido su aplicación. El Gobierno no estaba muy interesado, por las muchas críticas recibidas, en ponerla de verdad en marcha, y cuando llegó ese momento, un proceso necesariamente lento, la crisis económica y la percepción de muchos de que, en momentos de crisis, había otras cosas más importantes, se la tragaron", concluye Casanova.

El proceso abierto y cerrado en la Audiencia Nacional dejó claro que los tribunales no quieren seguir la vía de países como Argentina, Chile o, más recientemente, Brasil. El Gobierno de Lula da Silva ha creado una Comisión de la Verdad para cumplir con las familias de los desaparecidos. La verdad de la dictadura brasileña será investigada, los culpables puestos a disposición judicial y las víctimas reparadas. Todo por iniciativa y pago del Gobierno.