Treinta y cuatro años y dos meses después de muerto, Francisco Franco aún vigila los pasos del Tribunal de Cuentas. Desde la pared, el perfil derecho del dictador intercepta, ya sólo visualmente, a quien cruce la escalera principal del decimonónico edificio madrileño de la calle Fuencarral.

Desde luego, al tribunal que preside el ex diputado del PP Manuel Núñez no parece incomodarle la presencia del medallón, de nula relevancia artística. En enero de 2008, los dos sindicatos con representación entre la plantilla, UGT y CCOO, hicieron valer la Ley de Memoria Histórica y pidieron por escrito a la comisión de gobierno del tribunal la retirada de la placa, instalada en el año 1965.

Dos años más tarde, la barbilla macilenta del caudillo continúa remoloneando en la sede del órgano fiscalizador de las cuentas públicas.

Levantado a mediados del XIX y catalogado como bien protegido, el edificio se reformó en 2004. Pero la renovación dejó intacta la placa, colocada un siglo más tarde en pleno furor propagandístico de los Veinticinco Años de Paz. ¿Podía haber ordenado su liquidación el tribunal sin esperar a que una ley se lo ordenase? Hay quien sostiene que sí. "Era evidente que carece de valor", enfatiza un empleado del tribunal. Ni la efigie se grabó sobre mármol de Carrara ni el cincel lo empuñó ningún escultor de relumbrón de la época. Es, simplemente, una más de las marcas con que el culto a la personalidad del dictador jalonó el mapa del país.

Que el tribunal no se ha tomado el asunto con prisas resulta indiscutible. El miércoles, Público preguntó a sus portavoces por el futuro de la placa. "Se ha pedido dictamen a la comisión del Ministerio de Cultura", fue la primera respuesta. Pero la comisión, responsable de dilucidar si un símbolo franquista debe preservarse por su importancia histórica o artística, emitió su dictamen en julio de 2009. Y, adoptado por unanimidad, ese dictamen fue que el bajorrelieve había de seguir el mismo camino que las viejas pesetas a las que evoca: quedar fuera de circulación y almacenado en el Centro Documental de la Memoria Histórica.

Una vez constatado lo anterior, el tribunal ofreció una segunda respuesta: "Como el edificio es de Patrimonio del Estado, se le ha pedido que proceda a su retirada".

En efecto, el edificio pertenece a Patrimonio, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda. Pero también le pertenece a Patrimonio buena parte de los 430 edificios oficiales de titularidad estatal que contenían símbolos de la Dictadura: y el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica ha ido por otros derroteros. Según fuentes de Economía, que no aportaron cifras, en la mayoría de los casos donde el edificio es propiedad de Patrimonio del Estado pero permanece gestionado por algún otro organismo público, son los gestores quienes han cumplido el mandato de eliminar escudos, placas, monolitos y demás quincallería de exaltación franquista.

Según el Ministerio, ya se ha suscrito un contrato con "una empresa especializada" para retirar el medallón. "El Tribunal de Cuentas nos pidió que Patrimonio se encargase y los trabajos van a comenzar pronto", asegura Economía.

De momento, y como se lee en la carta sindical de enero de 2008, en una zona que constituye "paso principal no sólo de consejeros de este órgano sino de autoridades y personalidades relevantes", el dictador sigue ahí. Subido a la escayola sobre las paredes del tribunal.