El Gobierno firmó ayer un convenio de colaboración con ocho comunidades autónomas (Andalucía, Catalunya, Euskadi, Aragón, Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias) para reunir toda la documentación sobre el lugar donde los golpistas de 1936 enterraron a sus víctimas. El mapa resultante estará incompleto porque las comunidades gobernadas por el PP se han negado a colaborar. Las víctimas no verán consumada ninguna de sus peticiones porque el Ejecutivo no se compromete a pagar directamente la recuperación de los cuerpos y a darles entierro digno.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ensalzó el valor de la firma por ser una exigencia de la Ley de la Memoria firmada en diciembre de 2007. "Las Cortes así lo han querido y así lo haremos por lealtad institucional, como han demostrado las comunidades autónomas aquí presentes", explicó en un gesto de crítica a las autonomías que no se han sumado al intercambio de documentación.

Después del acto protocolario, Caamaño no quiso criticar al PP por su falta de compromiso con las víctimas del franquismo y achacó la falta de políticos conservadores en el acto a "problemas de coordinación en las agendas".

El mapa de fosas, exigido en el artículo 12 de la ley, ya existe en algunas comunidades, como Andalucía y Catalunya. La asociación andaluza Todos los nombres recibió una subvención de la Junta para su elaboración. El viceconsejero de Justicia de Andalucía, José Antonio Ortiz, señaló que la tarea siguiente de recuperación e identificación de cadáveres sería pagado por las subvenciones que el Ministerio de Presidencia otorga anualmente desde 2006 a colectivos ligados a la memoria histórica.

El titular de Justicia también mencionó esas subvenciones, aunque no forman parte del desarrollo de la Ley de la Memoria. "El Gobierno ha dedicado 14 millones de euros desde 2006 a 2009 a subvenciones a 140 asociaciones diferentes, de los cuales un 27% ha sido para proyectos relacionados con localización de fosas y exhumación de restos", enumeró el ministro.

Las asociaciones beneficiadas por esas ayudas critican que el Gobierno delegue en ellas la tarea de localizar y exhumar. "No se trata de justificarse, sino de hacer justicia", reprochó el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva. Este colectivo, que hizo la primera identificación genética de una víctima recuperada de una fosa de 1936, reclama al Gobierno que establezca una "estructura administrativa" que permita recuperar los restos.

"El problema es que no permiten acceder a las verdaderas fuentes de información, que son, por ejemplo, los archivos de la Guardia Civil", reclama el portavoz del sindicato CGT, Cecilio Gordillo. "En Andalucía ya se han hecho ocho mapas de fosas, siempre a iniciativa de las asociaciones", explica Gordillo. La Junta de Andalucía, tras pagar 60.000 euros en la búsqueda infructuosa de Federico García Lorca, anunció que abriría una fosa en cada provincia.

Las víctimas reclaman un método como el practicado por la Generalitat de Catalunya, que dispone de una ley propia de fosas y donde la memoria histórica forma parte de las políticas públicas del departamento del Interior.

"A nosotros nos cuesta cada exhumación 30.000 euros aproximadamente. Eso es lo que se llama hacer una política pública. Lo demás es un paripé", opinó tras la firma del convenio el secretario general de Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitar, Joan Boada Masoliver.

Catalunya se ha hecho cargo de la identificación de 3.000 cuerpos y de 90 exhumaciones. El convenio con Justicia servirá para compartir información y detallar el listado. "De los 3.000 identificados, 400 no son catalanes y puede que haya descendientes de ellos que están reclamando sus restos en otra comunidad", explicó Boada. La gran parte de los muertos en Catalunya son soldados del frente de la Guerra Civil; el Gobierno de la República se mantuvo en pie durante la contienda impidiendo la represión caliente, sin juicio previo, que se produjo en los lugares tomados por los golpistas.

Caamaño afirmó que el mapa de fosas es un "reconocimiento sincero y una reflexión para mirar al futuro de manera limpia" que permite investigar "por primera vez en democracia la realidad de nuestra historia más reciente". El ministro evocó en varias ocasiones a los "familiares, allegados y amigos de las víctimas" que "fueron obligados a guardar silencio" sobre el lugar en el que fueron enterrados aquellos que "murieron por defender la libertad y lo que hoy es el modo de ser de España".

La ARMH señaló que más importante que el mapa es buscar a los desaparecidos. "No han hecho nada todavía, y se va a morir la generación que vivió la guerra y la posguerra", reclamó Silva. El representante de Catalunya en el acto protocolario coincidió con esa reflexión: "Las exhumaciones no son tan caras cuando se trata de dar dignidad a gente que se muere".

En nombre de las comunidades autónomas firmantes habló la consejera de Educación y Cultura de Aragón, María Victoria Broto, que recordó que "facilitar a los familiares conocer dónde están sus antepasados es una obligación moral".