Según esta asociación, a la que los familiares de víctimas de la Guerra Civil acuden para que les ayuden a localizar a sus desaparecidos, los delitos del franquismo "no pueden considerarse amnistiados, entre otras cosas, porque antes de que se aprobara la Ley de Amnistía de 1977, el Gobierno español había ratificado el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que reconoce como derecho fundamental el acceso a la justicia para víctimas de delitos de tal gravedad" (desapariciones forzosas, torturas, ejecuciones...).

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica inició hace 10 años la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Sus familiares llevaron al juez Garzón más de 130.000 nombres para pedirles que investigara las circunstancias de su muerte. A lo largo de la última década, explica la ARMH, "han sido numerosos los jueces que con evidencias han prevaricado en España al no abrir diligencia ante la aparición de restos humanos con signos de violencia", a lo que, recuerdan, les obliga la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "En decenas de juzgados de distintas comunidades autónomas han incumplido conscientemente uno de sus deberes fundamentales sin que ello haya supuesto ningún tipo de sanción de los órganos de gobierno de los jueces".