Carta al director Diario El País: María Isabel Peris Muiños  -  Castellón de la Plana 18-08-2006

Tras largas vacilaciones se da a luz el proyecto de ley de memoria histórica. El Estado español tiene que cumplir los tratados internacionales suscritos, la desaparición forzada y las ejecuciones arbitrarias son delitos de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles. Esclarecer la verdad, y que se diga sin más dilaciones. No nos encontraríamos ante este menoscabo de proyecto de ley si en los libros de texto de la democracia se hubieran dado a conocer nuestra historia inmediata y en el capítulo histórico de la posguerra la brutalidad de la represión ejercida.

Este país sigue cerrando los ojos ante la que fue la justicia de Franco: los juicios sumarísimos, los consejos de guerra, el papel clave de la Gestapo en el desarrollo de la policía política española y cómo la dictadura continuó matando hasta el último año de la vida del dictador.

Por todo ello, sólo cabe una ley de memoria histórica indispensable con la total anulación de la justicia de Franco. Es inaudito un régimen democrático que siga considerando legales tales actuaciones de violación de los más elementales derechos humanos, la permanencia de simbología fascista y que el responsable de tantas muertes yazca en un monumento construido por presos políticos para mayor ignominia.

Una ley en la que quepa tanta irregularidad es, por una parte, la muestra inequívoca del lastre neofascista y, por otra, el triste reflejo de la herencia de la ignorancia y de la falta de superación del miedo sembrado por aquella dictadura.